Praileitz, se solicita ampliar la protección y compensar a la cantera ilegal.

La petición de compensar a la cantera se une a la de ampliar la protección a toda la ladera de Praileaitz. La Comisión de Cultura vuelve a pedir, sin votos en contra, que se modifique el decreto. Solicita también un informe sobre «medidas compensatorias» si se para la explotación.

NEREA AZURMENDI| SAN SEBASTIÁN.

DV. La Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Vasco, que durante la legislatura que acaba ha dedicado muchas horas al contencioso referido a la protección del yacimiento prehistórico de Praileatz I, en Deba, dio ayer por finalizadas sus actividades volviendo a pedir al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco que amplíe al conjunto de la ladera en la que se encuentra la cueva el régimen de máxima protección atribuido a la cavidad y a su entorno más inmediato, lo que excluiría en esa zona todo tipo de actividad extractiva por parte de la cantera de Sasiola, que explota la empresa Zeleta S.L.

La toma de posición, que fue mayoritaria con la única excepción de las abstenciones de los representantes del PNV, no era novedosa. Tanto la Comisión de Cultura como el Pleno del Parlamento -el 14 de diciembre del pasado año, y también con la abstención del PNV y el voto favorable del resto de las fuerzas representadas en la Cámara- se habían posicionado con anterioridad, sin resultado aparente hasta la fecha, a favor de extender la protección al conjunto de la ladera, y habían «instado» al Departamento que dirige Miren Azkarate a actuar en ese sentido modificando el decreto de protección de julio de 2007.

En ese sentido, la única novedad de la proposición no de ley aprobada ayer fue tomar como referencia la recomendación del experto francés Jean Clottes, a quien recurrió el propio Departamento de Cultura. En informe redactado el pasado mes de mayo, Clottes consideraba deseable «extender la protección a todo el flanco de la colina que se encuentra frente al Deba, en el que se abre Praileaitz I».

La principal novedad que aportó la última sesión de trabajo de la Comisión de Cultura fue la incorporación al debate parlamentario de una variable que ha planeado a lo largo de todo el proceso pero que no había tenido una plasmación formal: la necesidad de buscar fórmulas para compensar a la cantera «tras la eventual suspensión de las actividades de explotación».

El factor económico

En el curso de las intervenciones de los integrantes de la Comisión se escuchó en varias ocasiones que la misma, por su naturaleza y sus competencias, no constituía el contexto más adecuado para hablar de cuestiones no directamente vinculadas con el patrimonio cultural y su protección pero, como indicó el parlamentario popular Carmelo Barrio, «si hablamos de Praileaitz tenemos que hablar de la cantera», ya que es la actividad canteril y su difícil encaje con la conservación de la cueva que contiene pinturas rupestres y su entorno la que está en el origen de la polémica.

Así, fue una proposición no de ley del Grupo Popular la que abrió paso a un debate inédito en el Parlamento hasta el día de ayer. La proposición popular instaba al Gobierno Vasco a la presentación urgente de un informe en el que, en colaboración con el resto de las administraciones implicadas, abordara las «medidas indemnizatorias, compensatorias, de permuta o alternativas» con las que resarcir a la empresa que explota la cantera mediante una concesión administrativa en vigor de los perjuicios que pudiera causar a la empresa una eventual paralización de actividades en la ladera, una de las zonas más productivas de la explotación.

El PNV había preparado una enmienda de totalidad que hacia especial referencia a la necesidad de «compatibilizar la protección del patrimonio cultural» con el «mantenimiento de la producción de áridos, que en la actualidad no alcanza a cubrir la necesidades internas de Euskadi». Finalmente, el PP hizo suya la enmienda nacionalista y la proposición no de ley que se reproduce en estas páginas salió adelante con los votos favorables de ambas fuerzas y la abstención de las restantes.

Los representantes de los grupos que con su posición permitieron, en cualquier caso, que la propuesta prosperara, adujeron razones de forma o de competencias para no votar en sentido favorable, pero en términos generales todos admitieron que, de un modo u otro, el desenlace de la polémica en torno a Praileaitz I tendrá también una vertiente económica. «No podemos obviar que ahí hay una cantera», insistió el nacionalista Luke Uribe-Etxebarria, quien manifestó que el aspecto económico era «un tema a abordar porque es necesario conocer todas las dimensiones de la cuestión». Uribe-Etxebarria trajo también a colación que el Tribunal Superior de Justicia canario ha condenado recientemente al gobierno de aquella comunidad autónoma a indemnizar con 92 millones de euros a una cantera que fue objeto de una expropiación vinculada al proyecto que Eduardo Chillida ideó para la montaña de Tindaya.

Contactos en curso

Lo que pide la proposición es que el Gobierno Vasco y las demás administraciones implicadas elaboren un informe para hallar las «medidas compensatorias» más adecuadas para hacer frente a un escenario inevitable si la otra petición, la de ampliar el régimen de protección a toda la ladera, es finalmente atendida por Cultura.

Como se recordará, en la actualidad no hay actividad en la ladera como consecuencia de la sanción impuesta a la empresa por la Agencia Vasca del Agua a raíz de una denuncia de Mutriku Natur Taldea referida al incumplimiento de la Ley de Costas. La sanción, de todos modos, está recurrida tanto por parte de MNT como por la empresa Zeleta, por lo que no puede darse por definitiva. Y, en cualquier caso, no guarda relación directa con la salvaguarda del patrimonio cultural, tal como ayer pusieron de manifiesto varios miembros de la Comisión de Cultura, que insistieron en la necesidad de que la protección definitiva de Praileaitz venga de Cultura y no de circunstancias más o menos colaterales relacionadas con el medio ambiente o con otros ámbitos. La sanción de URA, sin embargo, ha servido para tener una idea acerca de la dimensión económica del contencioso, ya que, en las alegaciones que presentó cuando se puso en marcha el expediente sancionador, Zeleta S.L. cifró en dos millones de euros al mes el perjuicio económico que le causa la paralización de la ladera.

En varias ocasiones, Miren Azkarate ha sugerido que ya hay contactos en curso entre el Departamento de Industria y la empresa para dar una salida al contenciones en su vertiente empresarial y económica, y en muchas de sus intervenciones ha traslucido de manera tácita su preocupación por las consecuencias económicas de la ampliación de la protección.

Hasta el momento, no ha trascendido si se han dado pasos para salir del complicado atolladero en el que se encuentra la cuestión pero, aunque no se pueden establecer relaciones entre ambos hechos, desde principios de este mes ha estado sometido a información pública el Proyecto de Explotación, Plan de Restauración y Estudio de Impacto Ambiental de la explotación de la cantera San Blas de Mutriku -sin actividad desde hace años- promovido por Zeleta, S.L.


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